La fiscalidad de las operaciones vinculadas entre sociedades ha venido generando desde su regulación específica (sobre todo a partir de la entrada en vigor de la Ley 36/2006), una gran conflictividad tributaria. La existencia de una serie de obligaciones de naturaleza formal (documentación soporte), unidas a las propias de naturaleza material (los ajustes en la Base Imponible del Impuesto), han hecho de este tipo de operaciones un verdadero quebradero de cabeza para muchas sociedades. Y entre ellas, claro está, las PYMES, verdadera columna vertebral de nuestro sistema económico.
La Ley 27/2014 que reforma el Impuesto de Sociedades y el Reglamento del año 2015 ( que entra en vigor con efectos 1 de enero de 2016), han venido a suavizar y aclarar los puntos más controvertidos.
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